Santo Domingo. En el marco del Foro Justicia y Mujer, celebrado durante la Conferencia del Poder Judicial 2026, la ministra de la Mujer, Gloria Reyes Gómez, destacó que, pese a los avances institucionales y normativos en favor de la igualdad de género, persisten brechas que limitan el acceso de las mujeres a una justicia más humana, comprensible y oportuna.
El encuentro tuvo como objetivo propiciar el diálogo sobre el rol del sistema judicial frente a las demandas de las mujeres, así como promover una reflexión conjunta en torno a los desafíos y oportunidades para consolidar un acceso a la justicia más inclusivo, sensible y centrado en las personas.
La titular del Ministerio la Mujer afirmó que pese a los progresos alcanzados, las mujeres continúan enfrentando barreras significativas para acceder al sistema de justicia, entre ellas el miedo a denunciar, la complejidad institucional y las desigualdades estructurales que afectan de manera diferenciada a las mujeres en condiciones de mayor vulnerabilidad.
Subrayó que hablar de acceso a la justicia no se limita a los procedimientos judiciales, sino que implica fortalecer la confianza de las mujeres en la capacidad del sistema para escuchar, comprender y actuar con oportunidad, asegurando que ninguna mujer quede sola cuando decide buscar protección.
Gloria Reyes Gómez señaló que el miedo continúa siendo la principal barrera para que las mujeres denuncien situaciones de violencia, asociado al temor a represalias, a la dependencia económica, a la vergüenza y a experiencias previas que debilitan la confianza en las instituciones.
En ese sentido, citó resultados de la Consulta Nacional sobre la Condición Jurídica y Social de las Mujeres realizada a más de 3,500 mujeres, niñas y adolescentes en todo el país, en la que más del 60 % identificó el miedo como un factor determinante para denunciar, mientras que cerca de un 50 % señaló la necesidad de seguir fortaleciendo la confianza en la respuesta institucional.
Indicó que estos datos confirman que el desafío no es únicamente institucional, sino también de cercanía, acompañamiento y credibilidad del sistema de justicia frente a las mujeres.
Durante su intervención, también destacó la complejidad del sistema de justicia como una barrera relevante, especialmente para mujeres en condiciones de mayor vulnerabilidad. De acuerdo con la consulta citada, cerca de un 70 % de las participantes señaló la necesidad de simplificar los procesos judiciales, y más de la mitad resaltó la importancia de contar con mayor orientación y acompañamiento durante todo el proceso.
La ministra puntualizó que las desigualdades estructurales, como la pobreza, la ruralidad, la discapacidad, la edad o la migración, limitan el acceso efectivo a la justicia y condicionan la capacidad de las mujeres para sostener procesos judiciales y protegerse.
Afirmó que pese a los desafíos, la República Dominicana ha venido construyendo una base institucional sólida, sustentada en un marco normativo que reconoce la igualdad de género como principio fundamental del Estado y en mecanismos de coordinación interinstitucional que fortalecen la prevención, la protección y la atención integral a las mujeres.
Indicó que el país avanza hacia un modelo de intervención más articulado, integral y centrado en las personas, apoyado en herramientas técnicas que permiten planificar, monitorear y evaluar con mayor precisión las acciones del Estado.
No obstante, enfatizó que los avances normativos e institucionales no son suficientes por sí solos y que el principal reto sigue siendo garantizar que cada mujer, sin importar su condición o territorio, pueda acceder a una justicia comprensible, oportuna, sensible y verdaderamente protectora.
Acciones del Ministerio de la Mujer
Durante el foro, Gloria Reyes expuso que el Ministerio de la Mujer trabaja en tres líneas fundamentales para impactar positivamente el desarrollo personal y profesional de las mujeres: el fortalecimiento de los servicios de atención y protección; la promoción de la autonomía económica y el desarrollo de capacidades; y la institucionalización del enfoque de género en la planificación y el presupuesto público.
Destacó la articulación con instituciones del sistema de justicia y de emergencia, incluyendo la firma de un convenio de cooperación con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9‑1‑1, que entre otros puntos, complementa y fortalece la capacidad de respuesta ante los casos de violencia contra las mujeres, transformando la Línea *212 para orientación y seguimiento de estos casos.
La ministra concluyó su intervención afirmando que el desafío principal para el sistema de justicia es fortalecer la confianza de las mujeres en las instituciones, como condición esencial para garantizar respuestas dignas, humanas y oportunas. Señaló que “la justicia del futuro se construye cuando cada mujer siente que el Estado la escucha, la protege y la acompaña”, expresó.
El foro fue moderado por la magistrada Nancy I. Salcedo F., jueza de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia y coordinadora de la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial. También participaron Vanessa Acosta P., jueza de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia y subcoordinadora de la Comisión de Género, y Martha C. Díaz V., jueza presidenta de Corte, coordinadora adjunta de la Cámara Civil de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís y coordinadora de la Subcomisión de Género de esa jurisdicción.