SANTO DOMINGO.- Durante los primeros cien días del presente Gobierno, el Ministerio de la Mujer desarrollará un plan encaminado a afrontar y reducir a su mínima expresión el lacerante problema de la violencia contra la mujer, según anunció la titular de la cartera, licenciada Mayra Jiménez. Durante un encuentro encabezado por el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional, la funcionaria deploró el elevado índice de violencia contra la mujer en República Dominicana, cuya magnitud definió como alarmante. “El 68% de las mujeres ha sido víctima de violencia”, agregó. “Esta violencia ocurre a lo largo de todo el ciclo de vida de las mujeres”. Dijo que durante el pasado año se produjeron en el país unas 84,751 denuncias de violencia de género intrafamiliar y de delitos sexuales, mientras entre enero y junio del cursante año se han registrado 27,157 denuncias, cifra que pudiera estar reducida por la limitación del acceso a los servicios de atención, debido a la pandemia del Covid19. Sostuvo que la República Dominicana figura entre los siete países de la región latinoamericana con la más elevada tasa de feminicidios y dijo que del 2005 a la fecha unas 2,828 mujeres han caído víctimas de la violencia feminicida. En ese sentido la Ministra de la Mujer indicó que una de las prioridades centrales de la cartera es trabajar el problema desde una perspectiva integral que saque el país de esa ignominiosa lista de naciones ensombrecidas por la violencia contra la mujer. “Todos esos indicadores colocan a la República Dominicana en una situación crítica que requiere una respuesta urgente. Las mujeres y las niñas necesitan estar seguras, en sus hogares, en las calles, en las escuelas, en las universidades, en los centros de trabajo y en sus comunidades”, recalcó la funcionaria. En torno a la situación recibida al asumir sus funciones, la licenciada Mayra Jiménez indicó que “encontramos un sistema de atención a la violencia altamente fraccionado, disperso y sin una clara rectoría, lo que incide en la precariedad de los servicios que han recibido las mujeres y sus familias a lo largo de todos estos años”. Dijo que también recibió un marco legal y normativo débil, incapaz de dar respuesta a la magnitud y características de la violencia, por lo que se requiere otro marco más eficiente, que asegure la integralidad de los servicios, el acceso a una justicia oportuna, garante de derechos, transparente, libre de impunidad, respetuosa del debido proceso, y también que defina claramente la rectoría y los recursos necesarios. Significó que, pese a que la Ley 88/03 establece la creación en todo el país de Casas de Acogida para mujeres y su familia en alto riesgo de violencia, en 17 años apenas se han creado tres casas, que operan de manera precaria, en condiciones infrahumana y de abandono. La funcionaria enfatizó que es necesario cumplir con la ley tanto en materia de su creación en todo el territorio como en la mejora de la calidad de los servicios, en base al protocolo que la rige. “El trabajo de expansión y de mejora de la calidad de los servicios de las Casas de Acogida va de la mano con el fortalecimiento de las Oficinas Provinciales del Ministerio de la Mujer y de las Unidades Especializadas de Atención a la Violencia”, agregó. Dijo que dentro del sistema de atención se destaca la precariedad de los servicios, carencia de un sistema único de registro que permita saber la magnitud de la violencia, incoordinación entre las instituciones públicas, falta de política pública para las víctimas de los feminicidios y para la reeducación de los agresores. “Por esas razones, el Ministerio de la Mujer está trabajando en identificar todas las fallas que tiene el sistema general de atención a la violencia, y en mapear todas las acciones dispersas en diferentes programas e instituciones del Estado, con miras a dar una correcta dirección desde el ente rector”, sostuvo la funcionaria. La ministra de la Mujer también resaltó los esfuerzos por definir los programas de recuperación integral para las mujeres en situación de violencia, que contemplen: acceso a programas de crédito público para emprendimientos, a bolsas de empleos, a programas de formación y becas de estudios, a programas de asistencia social, a crédito e insumos para la producción agropecuaria. Al acto asistió Rosanna González, hermana de Anibel González, cuyo asesinato por su esposo y las fallas del sistema judicial en su protección causó honda conmoción en la ciudad de San Pedro de Macorís y todo el país.
