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La violencia política contra las mujeres, en todas sus formas, es inaceptable. Atenta contra la democracia, los derechos políticos y nuestra capacidad como sociedad para avanzar hacia una convivencia sustentada en el respeto hacia los derechos y la dignidad de las personas.

Santo Domingo. El Ministerio de la Mujer expresa su solidaridad con la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, frente a la violencia política de la que está siendo objeto, la cual también ha alcanzado a la exministra de Cultura, Milagros Germán. Desde esta institución rechazamos esta modalidad de violencia digital que instrumentaliza el cuerpo y la sexualidad femenina como mecanismo de deslegitimación política, buscando silenciar e intimidar a mujeres líderes mediante la humillación pública. Esta práctica vulnera los principios de igualdad, justicia y participación sobre los que se sustenta la democracia.

Las expresiones de violencia que están ocurriendo tienen como fin menoscabar, impedir o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Esta puede manifestarse a través de agresiones físicas, simbólicas, psicológicas, digitales o mediáticas, con el propósito de castigar, desacreditar o desalentar su participación en los asuntos públicos y en espacios de poder.

El acoso, la difamación y las estrategias de descrédito digital de las que ha sido víctima la ministra Faride Raful constituyen manifestaciones actuales de estas violencias, que buscan relegar a las mujeres en la vida pública al silencio y al anonimato. Este tipo de ataques perpetúa las barreras estructurales que limitan su acceso de las mujeres a los espacios de toma de decisiones, en un contexto donde es fundamental avanzar hacia una representación paritaria y el fortalecimiento democrático.

El Ministerio de la Mujer, en cumplimiento de su mandato de salvaguardar los derechos de las mujeres, reafirma su compromiso de enfrentar la creciente violencia política que padecen las mujeres en posiciones de liderazgo, incluyendo las nuevas formas de agresión digital que obstaculizan su participación plena en la vida democrática de la nación. En ese sentido, respaldamos de manera firme la decisión de la ministra Faride Raful de emprender acciones legales en respuesta a estas agresiones.

Subrayamos que estas manifestaciones de violencia contra las mujeres evidencian la urgente necesidad de contar con un marco legislativo que fortalezca la respuesta integral del Estado frente a este flagelo. Por ello, reiteramos nuestro llamado al Congreso Nacional para aprobar la ley orgánica integral sobre violencia contra las mujeres, la cual reconoce, tipifica, sanciona y establece medidas de reparación frente a la violencia digital o de género en línea en todas sus expresiones.

Exhortamos a las autoridades a investigar y sancionar con determinación a los responsables de esta agresión digital. A los medios de comunicación, les pedimos abstenerse de amplificar este tipo de violencia y actuar con responsabilidad ética. A la ciudadanía, le instamos a rechazar de manera contundente estas prácticas, y a todas las mujeres políticas, funcionarias y líderes, a denunciar estos actos.

Desde el Ministerio de la Mujer, reafirmamos nuestro compromiso con el derecho de todas las mujeres a desempeñar funciones públicas en condiciones de respeto, seguridad, dignidad y libres de violencia. Ponemos a disposición nuestro equipo de abogadas, psicólogas y especialistas en el tema.

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Viernes, 27 Septiembre 2024 22:13

COMUNICADO

Santo Domingo. El día de ayer, 26 de septiembre 2024, el Ministerio de la Mujer realizó publicaciones sobre una iniciativa dirigida a propietarias de centros de belleza, invitándolas a una capacitación para ser voluntarias en la prevención de la violencia contra las mujeres.

Para las publicaciones, nuestro equipo de Comunicaciones, utilizó un video producido por propietarias de un salón de belleza y una imagen genérica del banco de fotos de Freepik, desde el cual se accede libre y gratuitamente a fotografías para distintos tipos de promoción. El uso de esta fotografía ha generado reacciones de una parte de la población, totalmente ajenas al rol misional del Ministerio de la Mujer, y al propósito informativo de la publicación, que solo busca invitar a una jornada formativa para un sector de la economía dominicana, tan dinámico e importante como lo son las trabajadoras de los salones de la belleza.

Desde el Ministerio de la Mujer reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad y la prevención y atención a la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones.

 

 

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Santo Domingo. El Ministerio de la Mujer, en su rol rector de promover marcos jurídicos que amplíen y fortalezcan los derechos humanos de las mujeres, según lo establece la Ley 86-99, considera que, con la aprobación del Código Penal por parte del Senado de la República, si bien hay avances, existen disposiciones y omisiones que afectan los derechos humanos de las mujeres.
 
En todos estos años de discusión de la reforma al Código Penal, el Ministerio de la Mujer ha presentado aportes técnicos jurídicos, en procura de una norma que garantice los derechos de las mujeres. En total han sido cinco las propuestas enviadas a las distintas Comisiones del Congreso Nacional, por parte del Ministerio de la Mujer, que han abordado diferentes aspectos de la reforma en discusión.
 
El Ministerio de la Mujer considera que, si bien la tipificación del feminicidio es un avance significativo, al agregar un párrafo que hace víctima “a los hombres en las mismas circunstancias” deslegitima el propio avance y desconoce el hecho de que las mujeres son asesinadas sistemáticamente por motivos culturales, de desigualdad y estereotipos de género; los cuales no se corresponden con los homicidios de hombres.
 
En lo relativo a lo dispuesto en la versión aprobada en el Senado de la República, sobre la violación sexual, el Ministerio de la Mujer entiendo que la actividad sexual no consentida es violación y no debe existir un tipo penal separado. Por tanto, considera que la violación entre parejas debe ser un agravante del tipo penal de la violación en general, ya que el agresor cuenta con medios y facilidades para cometer el hecho.
 
Para el Ministerio de la Mujer resulta inexplicable e injustificable, que el proyecto aprobado elimine las circunstancias agravantes en casos de acoso y violencia contra la mujer, haciendo imposible para los operadores del sistema de protección a víctimas, la imposición de sanciones adecuadas y proporcionales al delito cometido. De igual manera, preocupa al Ministerio de la Mujer que este proyecto de Código Penal deja en estado de impunidad los casos de violencia contra las mujeres, acoso, discriminación y violencias sexuales.
 
Por otra parte, reconocer la interrupción del embarazo, como delito sin considerar excepciones de responsabilidad penal, cuando se ponga en peligro vida de la mujer, si es producto de una violación o incesto, o cuando el feto es incompatible con la vida fuera del vientre, es sentenciar a las mujeres por ejercer su derecho a decidir en circunstancias en las cuales sus vidas están inclusive en riesgo de muerte.
 
Las prácticas más avanzadas, tanto en la región como en el mundo, reconocen la necesidad de contar con excepciones, incluso en legislaciones en donde se protege la vida desde la concepción, y por tanto disposiciones como esta en un código penal, evidencia un enfoque negador de derechos y un atentado a la salud y la dignidad de las mujeres.
 
El Ministerio de la Mujer recuerda que, si la República Dominicana aprueba un Código Penal con las características antes señaladas, continuará siendo de los pocos países que no le reconocen a las mujeres su derecho a salud integral y a su plena autonomía física, siendo las mujeres pobres las más afectadas.
 
El Ministerio de la Mujer llama la atención de las y los legisladores, sobre uso de la violencia como método disciplinario, lo que no es aceptable en ninguna circunstancia, ya que fomenta la construcción de una sociedad violenta en la cual se enseña, desde la niñez, que la violencia es un método para relacionarse social y personalmente. Por el contrario, la República Dominicana requiere seguir avanzando en la construcción de una sociedad donde se pueda vivir desde el respeto a la dignidad y los derechos de todas las personas.
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