Santo Domingo. El Ministerio de la Mujer calificó como un “acto de justicia” la declaratoria del Tribunal Constitucional (TC) de inconstitucionalidad parcial del artículo 142 de la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, que disponía la aplicación de la cuota de género a nivel nacional.
La medida fue notificada a través del comunicado oficial NÚM. 60/23 del TC, en el que se explica la no conformidad del artículo con la Constitución dominicana y, en consecuencia, declara que la interpretación del referido artículo será: “Equidad de género. Las nominaciones y propuestas de candidaturas a diputaciones, regidurías, y vocalías, se regirán por el principio de equidad de género, por lo que estas deberán estar integradas de acuerdo a lo establecido en la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos por no menos de un cuarenta por ciento (40%) ni más de un sesenta por ciento (60%) de hombres y mujeres por demarcación territorial”.
El Ministerio de la Mujer consideró que esta decisión fortalece la cuota de género como un mecanismo legal para la garantía y ampliación de derechos de las mujeres que participan en los procesos políticos electorales, y refuerza los criterios anteriores del propio Tribunal Constitucional, así como del Tribunal Superior Electoral (TSE) sobre la aplicación territorial de la cuota.
La institución señaló que la proporción de género “debe seguir protegiéndose como un mecanismo que tiene por objetivo fortalecer la calidad democrática del Estado dominicano y promueve el aumento de la participación de las mujeres en los cargos políticos que actualmente sigue siendo un reto de representatividad en el país”.
La Acción Directa de Inconstitucionalidad fue sometida el pasado mes de mayo por más de 50 mujeres políticas por ante el TC y posteriormente al proceso legal se sumó el Ministerio de la Mujer con una intervención voluntaria para defender e impulsar la participación de la mujer, no solo por tratarse de un derecho, sino también porque el involucramiento de mujeres en este sector conduce a mayores perspectivas de desarrollo y de democracia efectiva, impulsa políticas incluyentes y modelos que promueven mayores niveles de participación de talento femenino en las nuevas generaciones.
La petición fue conocida en junio en una audiencia pública, celebrada en la sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y encabezada por el presidente del TC, Milton Ray Guevara, en la cual se declaró de urgencia del conocimiento de la acción.
Este procesó que culminó con una decisión de favorabilidad ante la solicitud interpuesta, constituye la primera vez en que el Ministerio de la Mujer interviene de manera voluntaria en materia legal acompañado, en este caso, a uno de los colectivos de mayor importancia como son las Mujeres Políticas.
Santo Domingo. El Ministerio de la Mujer, presentó ante 47 representantes de instituciones de gobierno y la sociedad civil el “Informe de Favorabilidad y Hoja de Ruta para su ratificación”, para la adhesión del Estado Dominicano al Convenio número 190 de Violencia y Acoso en el Mundo Laboral de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con el objetivo de adoptar dicho instrumento normativo como un paso de avance en la respuesta a la violencia y acoso en el mundo laboral que viven especialmente las mujeres en el país.
El informe de favorabilidad del Ministerio de la Mujer, integra datos del estado situacional de la violencia en el ámbito laboral de la “Encuesta Experimental sobre la Situación de las Mujeres en el país”, que indica que más del 95% de estas dijo que el ámbito laboral es uno de los espacios públicos donde las mujeres sufren los más altos niveles de violencia.
En consonancia con estos datos, la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, consideró de urgencia y necesaria la ratificación del Convenio 190, para estandarizar los conceptos en la normativa local y como una de las acciones para garantizar la efectividad de los mecanismos y procedimientos para la atención de casos.
De su lado Rosa Matos, directora de Transversalidad, señaló que, desde el Ministerio de la Mujer, se ha avanzado en la identificación de las necesidades que presentan en el informe, e invitó a las y los representantes de las áreas de internacionales y violencia de distintas instituciones participantes, a que juntos avancen hacia el logro de la ratificación del Convenio 190.
En tanto que Nataly Santana, encargada de Convenios Internacionales, trató todo lo relativo al Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo y los compromisos internacionales del Estado en materia de derechos humanos de las mujeres.
Yadhira Núñez, encargada Atención a la Violencia, habló de los retos que hay que enfrentar para dar respuesta a los casos de acoso en el ámbito laboral: y puso como ejemplo dos casos que el Ministerio de la Mujer está dando asistencia. “Estos evidencian como la falta de un instrumento legal especializado impide dar respuesta oportuna a los niveles de violencia y acoso que viven las mujeres en el espacio laboral”, refirió en ese sentido.
Melina Zaiz, encargada de Agenda Legislativa para la Igualdad, presentó el Informe de Favorabilidad 190 OIT y Hoja de Ruta para la Ratificación del Convenio, en el que destacó las necesidades tanto jurídicas como institucionales del Estado para ratificar el Convenio 190 OIT, haciendo una correlación del impacto que generaría la ratificación del convenio para dar atención especializada a los casos, cumplir con normativa internacional del Estado vinculante en la materia.
"Esta ratificación daría cumplimiento al mandato constitucional de “garantizar las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres que establece el Art.42 de la Constitución”, aseguró Zaiz.
Así mismo el informe da cuentas de como ratificar el Convenio 190 OIT, ayuda definir el acoso como un tipo especializado de violencia más allá de su elemento sexual, finalmente el informe presenta como esta ratificación fortalece otras políticas públicas en materia de igualdad de género y violencia contra las mujeres como el Sello Igualando RD.
En el acto, participaron representes del Ministerio de Trabajo, de Relaciones Exteriores, del Congreso Nacional, del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, de la Consultoría General de la República, de la Jurídica del Poder Ejecutivo; y de la Organización Internacional del Trabajo RD, entre otros.
Santo Domingo. El Ministerio de la Mujer sometió un escrito de intervención voluntaria ante el Tribunal Constitucional, que respalda la Acción Directa de Inconstitucionalidad contra el artículo 142 sobre Equidad de Género, de la Ley Orgánica del Régimen Electoral 20-23, por considerar que el artículo limita la participación política de las mujeres en los cargos electivos de diputaciones, regidurías, y vocalías.
El referido artículo, de la Ley 20-23 establece que Las nominaciones y propuestas de candidaturas a diputados, regidores y vocales, deben ser regidas por el principio de equidad de género, y que deberán estar integradas de acuerdo a lo establecido en la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos por no menos de un 40%, ni más de un 60% de hombres y mujeres de la propuesta nacional.
Defender e impulsar la participación de la mujer en la política ha sido uno de los pilares del Ministerio de la Mujer, no solo por tratarse de un derecho, sino también porque el involucramiento de mujeres en este sector conduce a mayores perspectivas de desarrollo y de democracia efectiva, impulsa políticas incluyentes y modelos que promueven mayores niveles de participación de talento femenino en las nuevas generaciones, fomenta la representación equitativa en espacios de decisión política, así como otros beneficios para acelerar un desarrollo sostenible y construcción de una sociedad más justa.
“La cuota de género como mecanismo legal para aumentar la participación de las mujeres en los procesos político-electorales, mejora la calidad de la democracia y ha impulsado un aumento progresivo de participación de mujeres en distintas instancias de elección popular. Sin embargo, es necesario fortalecer una implementación por demarcación, que permita la plena y activa participación de todas las mujeres a nivel nacional”, puntualizó la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez.
Indicó, además, que el Ministerio de la Mujer defiende que la cuota de género, como mecanismo legal, debe garantizar su efectividad, mediante la aplicación por demarcación territorial y no a nivel nacional. Por tanto, apoya la Acción Directa de Inconstitucionalidad número TC-01-2023-0013, contra el artículo 142 de la mencionada Ley, depositada por una representación de mujeres de los diferentes partidos políticos.
Este escrito de Intervención Voluntaria, se enmarca en el rol rector del Ministerio de la Mujer para el logro de la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, así como en los instrumentos de políticas públicas como el Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género (PLANEG III), que es la política nacional del Estado Dominicano para lograr la igualdad y equidad de género en el país, este instrumento de Estado reconoce, prioriza y traza las pautas político-normativas para avanzar en materia de participación política de las mujeres.
De igual forma, la Estrategia Nacional de Desarrollo, en su Art. 21, que establece para la meta de Democracia participativa y ciudadanía responsable, una línea de acción que ordena: “Establecer mecanismos que permitan mayor apertura del sistema electoral para la inclusión y representación de nuevos actores políticos y sociales, asegurando la equidad de género en materia de acceso a los puestos de decisiones y estructuras partidarias”.
Asegurar la participación de las mujeres en igualdad y equidad en los espacios políticos de toma de decisiones, es un requisito indispensable para una democracia real y efectiva dentro del Estado de derecho.
“La ministra de la mujer Mayra Jiménez reiteró el compromiso de la actual gestión de gobierno, el cual ha sido plasmado en la Resolución del Ministerio de Trabajo, para avanzar progresivamente en la garantía de los derechos de las personas trabajadoras domésticas”
Santo Domingo. Con el objetivo de avanzar en el reconocimiento de los derechos laborales de quienes ejercen el trabajo doméstico en República Dominicana, el Ministerio de la Mujer depositó ante el Tribunal Constitucional un Amicus Curiae, como respuesta al recurso de inconstitucionalidad presentado en contra de la Resolución Num.14-2022 del Ministerio de Trabajo que busca formalizar el Trabajo Doméstico Remunerado.
Este Amicus Curiae es un recurso jurídico que señala la necesidad de regulación especial para el trabajo doméstico y del cumplimiento del Convenio 189 de la OIT, ratificado por el Estado dominicano desde el 2015, que busca que este sector cuente con los mismos derechos que todas las personas trabajadoras, como son los contratos escritos, la jornada máxima, el salario mínimo, la cobertura de la seguridad social y el pago de horas extra o días feriados.
La Ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, indicó que la falta de regulación del trabajo doméstico remunerado profundiza la discriminación y vulneración de los derechos reconocidos y protegidos constitucionalmente de las personas que laboran en esta área, en su mayoría mujeres, y reiteró el compromiso de la actual gestión de gobierno, el cual ha sido plasmado en la Resolución del Ministerio de Trabajo, para avanzar progresivamente en la garantía de estos derechos.
“En República Dominicana el 92.8% de las personas ocupadas en el trabajo doméstico remunerado son mujeres y estos trabajos representan la tercera actividad económica más importante en la ocupación femenina”, manifestó.
En 2021 este sector generó unos 245,102 empleos, haciendo posible a la vez el acceso al trabajo de muchas otras personas ocupadas, dado que libera de tiempo dedicado a tareas domésticas y de cuidados, según datos del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.
La titular del Ministerio de la Mujer, dijo además que, la formalización del trabajo doméstico es un compromiso del Estado dominicano que se deriva, no sólo del Convenio 189, sino también del eje de igualdad de género y empoderamiento de la mujer del plan de gobierno del presidente Luis Abinader, “Un país para su gente”, el cual contempla establecer un sistema de protección del trabajo doméstico remunerado, así como con otros tratados internacionales que el país ha ratificado, como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
Jiménez expresó que contar con una regulación para este sector contribuye al cierre de desigualdades y promueve la autonomía económica de miles de dominicanas. Valoró como indispensable focalizar esfuerzos para la regulación del trabajo doméstico, razón por la que ha estado promoviendo, a través del Ministerio de la Mujer y en coordinación con las instituciones vinculadas, reformas legales y políticas que serán de beneficio, tanto para las personas trabajadoras como para el Estado y la sociedad en su conjunto.
Asimismo, señaló que estas acciones van en consonancia con el Política Nacional de Igualdad del Estado dominicano, que contempla necesidad de revalorizar los cuidados y el trabajo doméstico, a la vez que plantea acciones para avanzar en el ejercicio del derecho al trabajo en condiciones de igualdad, por lo que espera que el Tribunal Constitucional reconozca y tome en consideración este marco para la protección de las tantas mujeres que se dedican a estas labores.
