Planeg III: la política pública hacia un país igualitario

Janet Camilo, Ministra.

El Plan Nacional de Equidad de Género es el instrumento de política pública que establece la transversalidad de género como proceso dirigido a valorar las implicaciones que tienen las acciones públicas en todas sus fases, con el fin de superar las relaciones de desigualdad, la vulneración de derechos y lograr la equidad de género, tal como establecen los principios fundamentales de nuestra carta magna, que en su artículo 39 instituye la igualdad entre hombres y mujeres.

La tercera versión del Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género para el decenio 2020-2030, es el fruto de más de un año de arduo trabajo en más de 15 mesas consultivas en las que participaron cientos de personas de todos los sectores de la vida nacional, que analizaron, consensuaron y diseñaron este instrumento, que ha sido uno de los más democráticos y con mayor representación de todos los sectores.

El Ministerio de la Mujer lideró este proceso por las atribuciones que le confiere la Ley 86-99 como órgano rector de las normas y coordinar la ejecución de políticas, planes y programas a nivel sectorial interministerial y con la sociedad civil, dirigidos a lograr la equidad de género y el pleno ejercicio de la ciudadanía por parte de las mujeres.

De igual modo, el país cumple los compromisos internacionales asumidos durante los últimos 30 años, mediante la firma de acuerdos y convenciones internacionales, con todo el rigor que merece como meta vinculada a la Estrategia Nacional de Desarrollo y su reglamento 134-14, que en su artículo 16 nos da el mandato para elaborar la política transversal relativa a enfoque de género.

El Planeg III es una evidencia del compromiso del país con la agenda 20-30 y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) y es un instrumento diseñado en clave de igualdad como equivalencia humana, entendida como igualdad ante la ley, igualdad de derechos y de trato legal, no discriminación, aceptación de las diferencias,  reconocimiento de la diversidad, autonomía y libertad. 

En otras palabras, el respeto a todas las personas en virtud de su condición de ser humano, salvaguardando su integridad y dignidad; la capacidad de las mujeres para tomar decisiones, libres e informadas, sobre sus vidas, de manera que puedan ser y hacer, en función de sus propias aspiraciones y deseos, tanto en lo económico, lo político y la autonomía física, referida a su cuerpo y a su seguridad.

Esta experiencia de consulta intersectorial, nos demostró que el análisis con una perspectiva integral de la realidad de los diversos grupos sociales, consigue una definición más adecuada, permite priorizar las políticas de estado e identificar la interrelación entre las diferentes formas de discriminación y cómo conectan y se comportan ante las diferencias relativas a educación, condición económica, ruralidad o condiciones físicas.

El PLANEG III está compuesto de siete temas apegados a preceptos constitucionales que resumen los principales aspectos donde aún persisten importantes brechas de desigualdad y exclusión: educación para la igualdad; salud integral; autonomía económica; ciudadanía, democracia y participación política y social; igualdad de género y el medio ambiente; violencia de género y tecnologías digitales para la autonomía.

Además, cuenta con un sistema de seguimiento y monitoreo fundamentado en un conjunto de indicadores que irán dando cuenta de la implementación de la política, así como la medición de las metas con una fórmula de cumplimiento progresivo de sus líneas estratégicas.

La educación para la igualdad

Se aborda como un derecho humano fundamental, cuyo ejercicio se constituye en la vía para la construcción de una sociedad igualitaria y participativa, es parte esencial del desarrollo sostenible y es la mediación idónea para cuestionar una sociedad centrada en el enfoque de lo masculino como el centro de toda actividad.

La educación es fundamental para promover la autonomía de las mujeres, la igualdad plena y la eliminación de las diferentes formas de discriminación, asegura las garantías para el desarrollo de una ciudadanía inclusiva, en la que las mujeres participan plenamente en la vida pública, política, económica y social y, por ende, en los procesos de toma de decisiones a todos los niveles.  

Salud integral de las mujeres

Abordado como un derecho fundamental en la Constitución, y reconoce la existencia de disparidades y patrones no equitativos relacionados con los riesgos para la salud, el acceso a recursos y servicios sanitarios, así como el control sobre estos, revelando que la principal brecha está en la salud sexual y la salud reproductiva.

Y aunque reconocemos los avances en la expansión de los servicios, el abordaje de la salud de adolescentes, la disponibilidad de anticonceptivos, el control de la epidemia del VIH, la actualización de protocolos, y la cobertura de la seguridad social, las brechas continúan afectando más a las mujeres y personas jóvenes, razón por la que una de las prioridades del PLANEG III en este tema sigue siendo la reducción de la mortalidad materna y los abortos inseguros en el contexto de los derechos sexuales y reproductivos.

La autonomía económica de las mujeres 

Parte de que el bienestar de las mujeres depende en gran medida de hasta qué punto pueden generar ingresos propios y controlar su uso, así como tener control sobre el tiempo dedicado al trabajo que realizan, tanto dentro como fuera del hogar. 

Las prioridades se enfocan en la reducción de la feminización de la pobreza,  la participación igualitaria de las mujeres en el mercado laboral, apoyo económico y tecnológico a los emprendurismos de las mujeres, la implementación de políticas para la redistribución del trabajo de cuidado entre mujeres y hombres, núcleo familiar, la sociedad y el Estado, eliminación de la discriminación salarial y el  acoso sexual laboral, entre otras.

Ciudadanía, democracia y participación política y social

El enfoque parte de texto constitucional que reconoce como fundamental el derecho de hombres y mujeres a elegir y ser elegidos, así como la participación de ambos en todos los procesos de elección del ámbito público, ordenando su implementación a la legislación adjetiva.

La prioridad es garantizar el cumplimiento del marco jurídico que favorece la igualdad y equidad entre las personas de ambos sexos y elevar las políticas, mecanismos e instancias que promuevan los liderazgos a nivel local, porque la Constitución establece que el Estado avala la participación equilibrada de mujeres y hombres. 

El PLANEG III asume que una sociedad es considerada democrática cuando garantiza ese ejercicio de ciudadanía y los derechos de todas las personas, sin tener en cuenta diferencias de carácter religioso, de sexo, de edad, raciales, preferencia sexual o condición económica, entre otras. 

Igualdad de género y el medio ambiente

Las consultas concluyeron que es necesario crear las herramientas e instrumentos para conectar de manera práctica y adecuada la relación entre estas dos realidades en el ámbito de las políticas públicas. 

Este es el tema 5 y parte del análisis de que la participación de las mujeres es imprescindible para lograr un desarrollo sostenible, y de que el enfoque de igualdad de género y la sostenibilidad ambiental son dos ejes centrales que deben ser incorporados como parte del desarrollo.

En este aspecto la Carta Magna establece que todas las personas tienen derecho al uso y disfrute, de manera sostenible, de los recursos naturales y a habitar en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo y preservación de las distintas formas de vida, del paisaje y de la naturaleza. 

Dentro de las prioridades destaca el incremento de los niveles de conocimiento sobre las interrelaciones entre género y medio ambiente, ampliar la participación de las mujeres en los mecanismos de toma de decisiones, de la gestión de riesgos y de la adaptación/mitigación del cambio climático y desarrollar capacidades para la incorporación de las necesidades y las aspiraciones de las mujeres en la planificación ambiental.

Violencia de género 

Se aborda desde la Constitución dominicana, que condena de forma inapelable la violencia contra las mujeres, y desde la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, o Belem do Pará, de la cual somos signatarios, y compromete al Estado a adoptar los medios apropiados para sancionar y erradicar este flagelo.

En este aspecto, el PLANEG III se basa en que una de las formas de erradicar el problema de la violencia es a través de la modificación de patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluido el diseño de programas de prevención y educación, formales o no, para contrarrestar prejuicios, costumbres y todo tipo de prácticas discriminatorias.

Las prioridades planteadas son el impulso de la ley que crea el sistema de atención integral a la violencia contra las mujeres, como marco normativo  capaz de promover los cambios de patrones culturales sobre los imaginarios sociales, en referencia al reconocimiento del fenómeno de la Violencia Contra la Mujer e Intrafamiliar y fortalecer el proceso de articulación de los mecanismos interinstitucionales, instituciones y entre los sectores que participan en su contención. 

Tecnologías digitales para la autonomía de las mujeres

La ciencia y la tecnología, en particular las tecnologías digitales y la igualdad de género, están en el corazón del nuevo enfoque del desarrollo sostenible acordado por el conjunto de naciones en la Agenda 2030.

Tenemos que asegurarnos de que las mujeres no se queden atrás, que formen parte de los procesos de desarrollo, y esto se logra con su participación paritaria en este nuevo escenario digital. 

Desde un enfoque de igualdad de género, los cambios paradigmáticos y determinantes del desarrollo tecnológico nos plantean el doble desafío de asumir la brecha digital de género y reconocer que las desigualdades en el acceso, uso y beneficios plenos de estas tecnologías son un reflejo de ésta.

Para garantizar la eliminación de las desigualdades en el acceso y uso de las TIC, aumentar la representación de las mujeres en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, así como en las carreras relacionadas con las tecnologías, se determinó que es prioritario el impulso de políticas públicas de formación para potenciar el liderazgo femenino en estos sectores y la incorporación del enfoque de igualdad de género en el diseño, ejecución y evaluación de los planes, programas y proyectos que forman parte de esas políticas.

Por otro lado y como podrán comprobar, el PLANEG III contará con un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación, con una plataforma digital coordinada desde el Observatorio de Igualdad de Género, para el seguimiento a su implementación.

El PLANEG III es un instrumento bien acabado, aunque tiene grandes desafíos, que son los de las mujeres dominicanas, dentro de los que se encuentra el compromiso de los responsables de las políticas públicas, su incorporación al sistema nacional de planificación y la garantía de los recursos para su ejecución en el presupuesto nacional.

Desde el Ministerio de la Mujer tenemos el compromiso de impulsar el cumplimiento de la política nacional de igualdad, para que en el año 2030 miremos hacia atrás y descubramos que la pobreza ya no tiene el rostro de mujer, que ninguna niña se quedó atrás y que la igualdad sea un hecho, real y contundente.